Dos excongresistas tendrán que explicar nexo con red de corrupción.

25 Ago Dos excongresistas tendrán que explicar nexo con red de corrupción.

La red de corrupción liderada por Marlon Marín, que se convirtió en testigo de las autoridades de Estados Unidos, desplegó una estrategia para quedarse con fondos del proceso de paz que incluyó “la compra de cupos indicativos a senadores para venderlos y cobrar porcentajes sobre el valor de las obras a ejecutar”.

Así lo afirmó la Fiscalía durante la imputación de cargos contra cuatro de los vinculados a esa red de intermediarios señalados de intentar intervenir en la adjudicación de obras, de las que proyectaban quedarse con el 11 por ciento de cada contrato.

En poder de Marín se encontró una relación de obras en más de 15 departamentos y por más de 45.000 millones de pesos.

En la diligencia no se le pudieron imputar cargos a Marín, sobrino del excomandante de la guerrilla Iván Márquez, pues no se logró realizar la videoconferencia desde Estados Unidos, donde es testigo en el caso por narcotráfico por el que fue capturado el exjefe de las Farc Jesús Santrich.

En la audiencia, la Fiscalía destapó las conversaciones en las que varios de los investigados hablan de sus supuestos socios. En una de ellas, el exdiputado de Santander José Domingo Ardila menciona al exsenador Jorge Géchem Turbay, “quien sería una de las personas encargadas de gestionar los proyectos” ante la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

Carlos Eduardo Géchem Sarmiento, hijo del entonces senador Géchem Turbay, fue el director de la ADR hasta mediados del año pasado.

Ardila afirma en las conversaciones que supuestamente le había comprado a Géchem Turbay –quien estuvo secuestrado seis años en poder de las Farc–, un contrato para una asistencia técnica rural de la ADR y que le entregó 110 millones de pesos para unos cupos.

Según la Fiscalía, Ardila buscaba inversionistas, a los que les prometía un porcentaje de ganancias, quienes tenían que entregar dinero con destino a Géchem Turbay para “garantizar la adjudicación de los cupos”.

En una de las conversaciones entre Ardila y María Valencia, otra de las investigadas, hablan de que “se reunirán con el jefe para entregarle las empresas con las que se van a gestionar las asistencias técnicas; igualmente afirman que quedaron aprobados proyectos de piscicultura y que en la reunión con el jefe estará el vicepresidente de lo de la vuelta”.

La Fiscalía señala que el número del teléfono de la persona a la que se refieren como el jefe corresponde al exsenador Géchem Turbay.

En los audios también hablan de la excongresista Argenis Velásquez: “Hablen del otro (proyecto) grande que también viene apoyado por un parlamentario de Putumayo, eso lo está llevando la doctora Argenis Velásquez. Hablen de los dos proyectos pequeños que nos está ayudando el doctor Géchem y en el otro nos lo está llevando la doctora Argenis, y ellos son los que están ayudando allá a nivel nacional”.

Además se menciona a Rodrigo Alberto Taborda Aponte, que según la Fiscalía es un alto funcionario de la Agencia de Desarrollo Rural y aparece hablando con Ardila Neira, quien le dice que “el jefe, el jefe grande, el del potrero, le mandó entregarle un paquete”.

Al día siguiente de esa reunión, el funcionario habla con una compañera de nombre Sonia y le dice que ya se reunió con “el jefe” y que discutieron sobre los proyectos que viabilizaría Luis Alberto Neira, director de la unidad técnica territorial adscrita a la Agencia de Desarrollo Rural en Boyacá y Casanare, donde tendrían lugar los proyectos.

En una conversación hablan de cómo lograr que avancen algunas adjudicaciones: “Póngale cuidado, hable bien del tema. Son tres proyectos; se presentaron con el doctor Rafael Pardo Rueda, eso viene por ese lado, diga que eso se presentó por posconflicto con el doctor Pardo Rueda, diga que él autorizó que arrancaran los proyectos”.

Los investigados se pusieron de acuerdo para “pagar coimas a funcionarios del Ministerio de Agricultura para conseguir la viabilidad financiara de proyectos allí radicados”.

La Fiscalía señaló igualmente que los investigados se pusieron de acuerdo para “pagar coimas a funcionarios del Ministerio de Agricultura para conseguir la viabilidad financiara de proyectos allí radicados”.

En la investigación aparece que la red también cobró coimas por contratos para la adjudicación de vías terciarias y que cobraban 20 millones de pesos como cuota de ingreso a los contratistas. De hecho, indica el ente acusador, Marlon Marín alcanzó a recibir cien millones de pesos por cuenta de anticipos de contratistas que aspiraban a obras.

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