A marchar por la educación

10 Oct A marchar por la educación

Una serie de políticas de gobierno, que intentaron darles aire a los recursos de las universidades públicas, terminaron por sofocarlas. Estas son algunas de las razones por las que están en crisis y salen a las calles.

Hoy es un día histórico para la educación superior en Colombia. Se espera que, en horas de la mañana, miles de estudiantes, profesores, administrativos y hasta padres de familia de las 32 universidades públicas del país, más los estudiantes del SENA, más los de 28 universidades privadas, salgan a marchar en las principales ciudades del país, para exigirle al gobierno de Iván Duque que rescate a la educación pública de una crisis financiera que suma 18,2 billones de pesos, que el Estado colombiano adeuda a las instituciones de educación superior.

Se ha dicho que las universidades necesitan 500.000 millones de pesos para cerrar 2018; 3,2 billones para gastos operacionales y 15 billones para saldar la “deuda histórica” en materia de infraestructura y calidad educativa.

Que el momento para hacer presión en las calles sea hoy no es casual. El 20 de octubre se aprueba en el Congreso el Presupuesto General de la Nación para el 2019. Aunque el presupuesto para el sector educación es uno de los más gordos, (con 33,6 billones, solo superado por defensa), solo el 10 % se va al financiamiento de la universidad pública.

Ya se han hecho varias marchas a lo largo del año, pero esta promete ser la más multitudinaria.

La nuez del asunto es que los bolsillos de las universidades públicas están rotos, gracias a decretos y leyes que querían resolver problemas del pasado, y que funcionaron en un principio, pero que ante el crecimiento de las universidades en cupos estudiantiles, programas de alta calidad y tecnología, se quedaron cortos.

¿Qué está pasando con la plata de la educación superior pública?

Para Álvaro Viña, gerente financiero y administrativo de la Universidad Nacional, es importante que en este debate no se “mezclen peras con manzanas”, pues una cosa es el déficit coyuntural que están atravesando algunas públicas para poder cerrar financieramente el 2018 y otra el desfinanciamiento sistemático que existe para la educación colombiana. Por ejemplo, este año, la Nacional tiene un déficit presupuestal de 68’000.000 de pesos que, según sus estimaciones, se necesitan para pagar nóminas y primas de fin de año, así como cesantías para inicios del 2019. Pero esto, explica, “es algo coyuntural que la Nacional debe resolver”.

El otro problema, el grande y el de fondo, es el desfinanciamiento estructural de la educación superior. Desde su punto de vista, a pesar de que la Ley 30 de 1992 resolvió varios problemas del momento, no tuvo en cuenta inversiones en tecnología, como el mismo wifi, en el que tendrían que incurrir las universidades a futuro, por lo que su forma para asignar presupuestos se queda corta para la situación actual.

Una de las propuestas de las 32 universidades públicas (y del SENA, que se unió a las protestas) es que se modifiquen específicamente los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que son los que definen cómo se reparte la plata de las universidades del país. Como está ahora, dice que los presupuestos de las universidades estatales vienen de aportes del Presupuesto General de la Nación, entes territoriales y de recursos propios. Ese presupuesto crecería al menos un punto por encima del IPC (Índice de Precios al Consumidor).

“La Ley 30 dice que el gobierno colombiano debe incrementar el presupuesto al menos a lo equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero no es lo mismo lo que aumenta el precio de un tomate a un sistema de cómputo”, explica Viña. “Aunque las universidades estamos en deuda de conocer cuál es la “canasta de educación” hay estimaciones de que el incremento mínimo, mínimo, debe ser el IPC más cuatro puntos, pero seguimos recibiendo solo lo del IPC”.

De alguna manera es como si el presupuesto que va a las universidades públicas se hubiera quedado congelado en 1993, a pesar de que estas siguen creciendo en número de estudiantes, pregrados, maestrías y grupos de investigación (ver infografía). Lo que claramente requiere de una mayor inversión. A la Universidad Nacional, por dar un ejemplo, un estudiante de pregrado le cuesta al año 9’900.000 pesos y la matrícula promedio es de 1’400.000 pesos al año. Pero mientras que en 1993 el aporte que daba la nación por estudiante era de 10’825.000 pesos, en el 2018 solo llega a 4’785.000 pesos.

Según lo que proponen, la Ley 30 cambiaría para que el sistema de distribución de recursos para la educación superior pase de rentas y gastos de cada institución, a una especie de “pago por resultado”.

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