Dos pueblos desafían a la Registraduría

23 Nov Dos pueblos desafían a la Registraduría

Dos municipios realizarán sus consultas populares sin el respaldo de la entidad electoral y como protesta contra el fallo que limitó el mecanismo.

Las campañas por las consultas incluyeron marchas pacíficas. Los comités promotores también se encargaron del diseño e impresión de los tarjetones para todo el censo electoral.

Este domingo, en las poblaciones de Mercaderes (Cauca) y San Lorenzo (Nariño) se efectuarán votaciones que no tienen antecedentes en Colombia. Habrá tarjetones, mesas de votación y jurados. El conteo de los votos será vigilado por la Misión de Observación Electoral (MOE), las Personerías municipales, la Defensoría del Pueblo y las universidades de Nariño, Javeriana y Nacional. Lo que hace especial a estas votaciones, en las que ambos municipios votarán a favor o en contra de la minería en sus territorios, es que la Registraduría no puso un solo peso para realizarlas.

En ese sentido, las consultas populares de este domingo no son legales, pero, dicen los municipios, son algo mucho más importante: legítimas. Jader Gaviria, alcalde de San Lorenzo, dice que la iniciativa es una respuesta a los múltiples obstáculos que desde el Gobierno central le han puesto a su municipio para llevar a cabo su consulta, que fue aprobada el 13 de octubre de 2017.

Tal como denunció El Espectador en mayo, el municipio definió que el 17 de diciembre del año pasado los sanlorenzanos irían a las urnas para votar a favor o en contra de la explotación minera en su municipio, el segundo productor de café de Nariño. Pero cuatro días antes llegó una carta de la Registraduría en la que les decían que no había presupuesto. Cuando Jader Gaviria y su equipo legal empezaron a indagar, la Registraduría les dijo que el Ministerio de Hacienda no les había girado los recursos, bajo el argumento de que eran los municipios quienes debían autofinanciarse. Se enteraron de que otros 11 municipios tenían el mismo problema.

Apelaron a todas las instancias. Propusieron formalmente asumir los costos de la jornada electoral, pero la Registraduría les respondió que para esos procesos solo le podían recibir dinero al Ministerio de Hacienda. Con todos los caminos cerrados, las comunidades y organizaciones sociales del municipio decidieron ir a las urnas con el apoyo de la administración municipal, con o sin el aval del Gobierno central.

“Decidimos llevar a cabo la consulta popular de hecho, porque creemos que el pueblo de San Lorenzo tiene derecho a manifestarse sobre el modelo de desarrollo del municipio”, dijo el alcalde.

Subiendo por la cordillera Occidental, los habitantes del municipio de Mercaderes vivían la misma incertidumbre. Un campesino del municipio que prefirió no dar su nombre comenta que allá la situación es crítica: en 2013, el río Sambingo, al oriente del municipio, se convirtió en el primero de Colombia en desaparecer por la minería ilegal, que sigue amarrada a los ríos de Mercaderes. La Coordinadora Integral Social Mercadereña, como se llama la organización campesina que lidera la consulta, empezó a investigar los planes mineros para el municipio y se enteró de que el 57 % del territorio es susceptible de ser concesionado. El municipio ya ha visto llegar en tres ocasiones a ingenieros para hacer exploración sísmica cerca del cerro La Campana, en donde nacen cuatro ríos.

Con la consulta aprobada, pero frenados por financiación, los líderes de ambos municipios decidieron unirse y salir a las urnas el mismo día. “Si ellos lo que quieren es obstaculizar este mecanismo de participación, pues nosotros tomamos esta decisión histórica y sui generis”, explica Rober Elio Rodríguez, uno de los líderes del movimiento en Mercaderes y miembro de la junta de gobierno campesino del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca (TCAM), al que también pertenece San Lorenzo.

En ambos municipios, la campaña para que las personas salgan a votar en la consulta ha sido masiva. En San Lorenzo, explica el alcalde Gaviria, la Alcaldía no puso un peso. “Todo se organizó con aportes de las comunidades y organizaciones sociales dentro y fuera del municipio”, cuenta. Algo similar ocurrió en Mercaderes, donde a punta de voluntad las organizaciones campesinas recolectaron los $15 millones que cuesta hacer una jornada electoral para sus 12.000 habitantes.

En los dos lugares, los comités organizadores han tocado todas las puertas buscando apoyo. “Las iglesia, las organizaciones campesinas, los gremios finqueros, paneleros y cafeteros, el sector comercial y el sector salud” se han involucrado, cuenta Gaviria. Todos han aportado: carros para transportar jurados y mesas, dinero para las impresiones, voces para las cuñas en las emisoras comunitarias.

Pero hay un gremio que ha sido central en el proceso: los profesores. En ambos municipios decidieron usar la oportunidad para enseñarles a los niños y adolescentes cómo funciona la democracia. En los colegios de todas las veredas se organizaron jornadas de votación como preparación para el próximo domingo, en las que las organizaciones docentes asumirán el papel de jurados de votación.

“La idea es mandarle un mensaje al Gobierno Nacional de nuestra posición frente a este tema. Es mejor que ellos, el Gobierno y las multinacionales, entiendan que en nuestro territorio no deben entrar, porque la voluntad del pueblo es otra”, explica Gaviria. (Freno financiero a las consultas populares)

¿La octava papeleta?

Los líderes campesinos le contaron a El Espectador que su intención es, una vez tengan los resultados de las consultas en la mano, pedirles a los concejos municipales que mediante actos administrativos prohíban la minería en los municipios. No obstante, de acuerdo con Helena Durán, investigadora de Dejusticia, es imposible que estos mandatos tengan algún efecto legal, teniendo en cuenta el reciente fallo de la Corte Constitucional que prohibió a las consultas frenar proyectos de explotación petrolera y minera. “La postura es que los municipios no pueden vetar este tipo de actividades, y eso también terminaría aplicando a los acuerdos que se expidan con ese fin”, explica Durán.

Aun así, la investigadora enfatiza que estas expresiones comunitarias son la prueba de que las comunidades siguen optando por las vías democráticas para ser escuchadas y que exigen una voz. Una voz que, dice, no ha sido escuchada a la hora de diseñar la política minero-energética nacional. Sin otras opciones democráticas, las comunidades recurren a la consulta popular como única opción para participar.

La vía para solucionar esos conflictos sería, según el fallo, el diálogo entre el Gobierno Nacional y el local. Durán señala que esa es una buena opción, pero para que funcione “la ciudadanía tiene que exigir que se cree un mecanismo de concertación en donde se garantice una participación real de los territorios”.

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